Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Tarragona, ha tomado declaración en calidad de investigada a la responsable de una protectora de animales ubicada en la comarca de la Ribera d'Ebre, por la comisión de presuntos delitos de maltrato animal con resultado de muerte.
Los hechos se remontan al final del mes de septiembre, cuando efectivos del SEPRONA, procedieron a la inspección de una instalación de protección de animales. Tras una primera toma de contacto se observó que tanto las instalaciones, como los animales que custodiaban se encontraban en buenas condiciones, por lo que se solicitó diversa documentación relacionada con la actividad, encontrando varios errores en las anotaciones de los libros registro, certificados y controles administrativos.
En los registros de explotación no se observaron anotaciones desde primeros de abril, y las anotaciones realizadas en años anteriores al parecer fueron realizadas el mismo día, constatando que corresponden con anotaciones de animales fallecidos entre el año 2016/2017, teniendo todos el mismo nombre y sin ningún tipo de identificación "microchip".
Este hecho alerto a los agentes, que procedieron a realizar una inspección más minuciosa del recinto de la explotación, localizando en los terrenos más alejados de la actividad varios movimientos de tierra sospechosos, por lo que se procedió a realizar la excavación en todos ellos comprobando como en cada uno de ellos existía el cadáver o restos cadavéricos de perros, recogiendo todas las muestras al objeto de realizar posteriormente la necropsia con análisis microbiológico, parasicológico y toxicológico por parte de los servicios veterinarios de la administración competente, con el fin de obtener información sobre el fallecimiento del animal.
Por este motivo se solicitó a la responsable de la instalación el consentimiento voluntario de entrada y registro de la vivienda ubicada dentro del recinto de la explotación, accediendo al requerimiento, fue practicado en presencia de dos trabajadores de la instalación como testimonios. En el registro se descubrió diverso material relacionado con la actividad, material quirúrgico, microchips, cartillas sanitarias, medicamentos y vacunas, quedando pendiente la investigación el uso que se hacía del citado material.
Por dicho motivo tras prestar declaración en dependencias oficiales de la Guardia Civil por la presunta comisión de varios delitos de maltrato animal con resultado de muerte, fue puesta a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Gandesa.
Con la finalidad de impedir la reincidencia en los hechos descubiertos, como medida cautelar se solicitó a dicho juzgado, supervisar la actividad mercantil por parte de la administración competente, realizando controles en referencia a exportaciones, registro de animales, control asistencias veterinarias y demás normativa de protección de animales en centros de acogida.
Los hechos se remontan al final del mes de septiembre, cuando efectivos del SEPRONA, procedieron a la inspección de una instalación de protección de animales. Tras una primera toma de contacto se observó que tanto las instalaciones, como los animales que custodiaban se encontraban en buenas condiciones, por lo que se solicitó diversa documentación relacionada con la actividad, encontrando varios errores en las anotaciones de los libros registro, certificados y controles administrativos.
En los registros de explotación no se observaron anotaciones desde primeros de abril, y las anotaciones realizadas en años anteriores al parecer fueron realizadas el mismo día, constatando que corresponden con anotaciones de animales fallecidos entre el año 2016/2017, teniendo todos el mismo nombre y sin ningún tipo de identificación "microchip".
Este hecho alerto a los agentes, que procedieron a realizar una inspección más minuciosa del recinto de la explotación, localizando en los terrenos más alejados de la actividad varios movimientos de tierra sospechosos, por lo que se procedió a realizar la excavación en todos ellos comprobando como en cada uno de ellos existía el cadáver o restos cadavéricos de perros, recogiendo todas las muestras al objeto de realizar posteriormente la necropsia con análisis microbiológico, parasicológico y toxicológico por parte de los servicios veterinarios de la administración competente, con el fin de obtener información sobre el fallecimiento del animal.
Por este motivo se solicitó a la responsable de la instalación el consentimiento voluntario de entrada y registro de la vivienda ubicada dentro del recinto de la explotación, accediendo al requerimiento, fue practicado en presencia de dos trabajadores de la instalación como testimonios. En el registro se descubrió diverso material relacionado con la actividad, material quirúrgico, microchips, cartillas sanitarias, medicamentos y vacunas, quedando pendiente la investigación el uso que se hacía del citado material.
Por dicho motivo tras prestar declaración en dependencias oficiales de la Guardia Civil por la presunta comisión de varios delitos de maltrato animal con resultado de muerte, fue puesta a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Gandesa.
Con la finalidad de impedir la reincidencia en los hechos descubiertos, como medida cautelar se solicitó a dicho juzgado, supervisar la actividad mercantil por parte de la administración competente, realizando controles en referencia a exportaciones, registro de animales, control asistencias veterinarias y demás normativa de protección de animales en centros de acogida.
